Aragonès se acobarda: deja sin aval a Junqueras y compañía un día antes de acabar el plazo de las fianzas

Ningún banco quiere presentar el aval de los 5,4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas reclama a 34 altos cargos de los últimos dos gobiernos separatistas para hacer frente a la posible malversación por la publicidad exterior de los referéndums del 9 de noviembre y el 1 de octubre. Eso ha provocado que el Govern de Pere Aragonès de marcha atrás y, por ahora, no avale las fianzas que les imponen para no poner en riesgo el Instituto Catalán de Finanzas, dependiente de la Generalitat, que iba a depositar el aval a falta de un banco que lo hiciera. El plazo para el abono de las fianzas concluye mañana.

El Instituto Catalán de Finanzas, que depende de la consejería de Economía, es el gestor de los más de 10 millones de euros de fondo que dispuso la Generalitat hace dos semanas a través de las diferentes consejerías. En el decreto que daba validez al fondo, y que aprobó el consejo de gobierno, este instituto de crédito público ya preveía que pudiera disponer el aval si ningún banco lo quería asumir. Ante el ‘no’ de todos los bancos que el conseller Jaume Giró consultó, Aragonès optó por esta fórmula inicialmente. Sin embargo, tras la recomendación de los servicios jurídicos de no hacerlo, el Govern ha dejado solos a los 34 investigados, que responderán con los bienes inmuebles de Artur Mas, Irene Rigau, Joana Ortega, Jordi Vilajoana y Francesc Homs embargados por el Tribunal Supremo. Antes tendrán que cancelar los pagos pendientes.

Según el decreto que aprobó el Govern, «la entidad gestora puede otorgar la garantía mediante cualquier medio admitido en derecho, sin perjuicio de que sea sustituida posteriormente por lo dispuesto en dicho precepto». El gobierno autonómico catalán confía que, tarde o temprano, sean capaces de convencer a algún banco para que se haga cargo y descargue así de toda la responsabilidad a la Generalitat. Desde el Govern esperan que, en última instancia, la Caixa d’Enginyers acabe aportando una solución, como siempre ha hecho.

El alto riesgo que supone el aval del fondo, dispuesto por el Instituto Catalán de Finanzas, es el motivo principal por el cual ningún banco se presta a avalar a los 34 altos cargos del Govern que diseñaron la acción exterior de propaganda de los referéndums independentistas. Las consecuencias empresariales que tendría para los bancos comprometerse con el aval a los separatistas, han argumentado a Giró, también tiene un peso importante en la decisión de la negativa de las entidades financieras.

El Tribunal de Cuentas, que investiga la posible malversación por parte de la Generalitat, por la publicidad en el exterior del proceso separatista, ya advirtió al Govern de Pere Aragonès que podían incurrir en «fraude de ley» si se hacían cargo del pago de los 5,4 millones de euros de la fianza que les reclama a 34 personas físicas. El Ejecutivo separatista, sin embargo, sigue empeñado en hacerlo. El Gobierno de Pedro Sánchez, ahora, cree que estas fianzas deberían ser levantadas, lo que provocó el enfado del órgano fiscalizador.  En 2017 pedía la fiscalización del Tribunal de Cuentas.

La consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, aseguró tras la aprobación del fondo que ahora el propio Instituto Catalán de Finanzas deberá presentar como aval que servirá la aportación de la Generalitat servirá para «cubrir los elementos de indefensión que en estos momentos afectan a servidores y altos cargos» , en alusión a la causa del Tribunal de Cuentas. Ahora, con un importante cabreo en las filas de JXCat, el gobierno catalán se echa atrás para evitar problemas legales al gabinete de Pere Aragonès.